El Precandidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eduardo Estrella, declaró que el uso de los símbolos de esa organización en los actos reeleccionistas de Leonel Fernández es una provocación, un abuso de poder y un desafío del mandatario a la Junta Central Electoral (JCE) y a la Justicia dominicana.

"Un gobernante que irrespeta a los adversarios en la forma indignante como lo hace el presidente de la República, bajo ninguna circunstancia debe esperar recibir un trato respetuoso y considerado de la oposición", dijo.

Sostuvo que con este comportamiento el presidente Fernández estimula la formación de un clima de incertidumbre, conflictos e ingobernabilidad que afecte a la sociedad dominicana.

Estrella habló en esos términos en una conferencia de prensa en su residencia de esta Capital, donde hizo duras críticas al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estuvo acompañado de su jefe de campaña, el diputado Ramón Rogelio Genao, y del director nacional de estrategia, Belarmino Ramírez, entre otros.

Pidió a los magistrados del tribunal de elecciones aplicar lo que establece la Ley 30-06 en lo relativo al requerimiento formulado por el PRSC "a fin de evitar que otras fuerzas políticas utilicen los símbolos de nuestra organización".

Resaltó asimismo que no puede haber democracia en una sociedad donde el primer mandatario de la nación es el promotor a la violación de las leyes, estimulando el debilitamiento de las instituciones llamadas a ser soportes del sistema democrático.

"La JCE está en la obligación de encausar acciones contra los violadores de la referida ley, en perjuicio de nuestro partido en un acto celebrado el pasado domingo en el club Mauricio Báez, de la Capital, el cual fue encabezado por el presidente Fernández", destacó.

El aspirante a la Presidencia de la República insistió que con su actitud antidemocrática e ilegal, el presidente Fernández no solamente desafía a las autoridades del máximo tribunal electoral sino que confirma la existencia de un clima de inseguridad jurídica en el país, como han denunciado diferentes sectores de la sociedad y embajadores extranjeros.